El movimiento global por la justicia del agua hace un llamamiento a los gobiernos para la implementación del derecho humano al agua.

Posted on 9 de Març de 2012 per

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Como miembros del movimiento global por la justicia del agua y reunidos en Marsella, Francia, para movilizarnos en contra del VI Foro Mundial del Agua hacemos público este comunicado, que contiene las voces de grupos y activistas de todo el mundo que no han podido asistir a Marsella. Nos hemos reunido en esta ciudad para oponernos al enfoque empresarial del Foro Mundial del Agua, planteado como plataforma de participación para múltiples accionistas interesados en la política de agua.


El contexto de Marsella
La decisión de celebrar el VI Foro Mundial del Agua en Marsella es significativa, ya que aquí se encuentra el Consejo Mundial del Agua, es decir, el comité de expertos y los grupos de presión que convocan a los Foros Mundiales del Agua. Entre sus fundadores se encuentran las compañías multinacionales de agua, como Suez y Veolia, y el Banco Mundial. Desde hace mucho tiempo, Marsella funciona como soporte financiero para el Consejo Mundial del Agua y Francia es considerada, por muchos, la cuna de los procesos de privatización del agua.
Es importante destacar que, paralelamente a la reunión en Marsella, tres de las compañías de agua más grandes del mundo —Veolia, Suez y SAUR— están siendo investigadas por el regulador antimonopolio de la Unión Europea, dado que trabajan como un cártel que fija los precios del agua y de los servicios de agua residuales en Francia. Las tres multinacionales, combinadas, controlan el 69 por ciento de los sistemas de distribución del agua en Francia y el 55 por ciento de los sistemas de tratamiento de agua.
Como resultado de tal escándalo varios municipios franceses, desde París hasta Grenoble, se han sumado al conjunto de comunidades del mundo que devuelven sus sistemas de agua potable y aguas residuales a manos de sus municipios.

1.Quiénes somos
Somos un conjunto de organizaciones en defensa de la justicia social, pueblos indígenas, sindicatos, grupos medioambientales, agricultores, escritores, académicos, defensores de los derechos humanos, activistas y redes de comunidades, que comparten una misma visión acerca del agua como derecho humano y patrimonio común, y no como una mercancía. Hemos expandido nuestra lucha por la defensa del agua, el territorio y la protección de los bienes comunes a lo largo y ancho del planeta.
Nuestros Principios
Reafirmamos y consolidamos los principios y compromisos expresados en las declaraciones de los foros alternativos de Ciudad de México en 2006 y Estambul en 2009: reconocemos al agua como elemento esencial para todo ser vivo del planeta, defendemos el derecho humano fundamental e inalienable al agua y la sanidad; insistimos en la importancia de la solidaridad entre las generaciones presentes y futuras; rechazamos cualquier tipo de privatización y y sostenemos que el control y manejo del agua debe ser público o de propiedad comunitaria, social, cooperativo, participativo, equitativo y sin fines de lucro; reclamamos el manejo sostenible y democrático de los ecosistemas y la preservación de la integridad del ciclo del agua y sus canales de circulación a través de la protección y de un manejo humano adecuado del recurso agua y del medio ambiente. Nos oponemos al modelo económico dominante que impone la privatización, comercialización y “corporatización” del agua y los servicios de saneamiento públicos o de propiedad comunitaria.
Entre nuestros logros se encuentran: la recuperación de empresas públicas previamente privatizadas; la fomentación y puesta en práctica de asociaciones públicas y comunitarias; la pérdida de ingresos para la industria del agua embotellada; y la realización de actividades colectivas y simultáneas durante el Blue October¹.
A pesar de que la implementación del derecho humano al agua y la sanidad deberá atravesar nuevos y numerosos desafíos, celebramos el reconocimiento que le han otorgado las Naciones Unidas, así como a la inclusión de este derecho en varias leyes y constituciones nacionales del mundo entero.

Nuestras peticiones
Foro sobre el derecho humano al agua y el saneamiento a ser desarrollado en octubre de 2014
Los seis Foros Mundiales del Agua desarrollados a lo largo de casi dos décadas no nos han acercado a ninguna solución. Estos Foros, conducido por el Consejo Mundial del Agua, solo han ofrecido estrategias a las grandes empresas que buscan beneficiarse a partir de la crisis global del agua.
El reconocimiento del agua y el saneamiento como derecho humano por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas (resolución 64/292) y de las subsiguientes resoluciones del Consejo de Derechos Humanos han significado grandes avances para orientar el rol de los gobiernos. Ahora, las Naciones Unidas y sus Estados miembros deberán tomar las riendas para garantizar la implementación progresiva de tal derecho.
Solicitamos a la Asamblea General de la ONU que organice un foro global del agua en Octubre de 20141. Dada su legitimidad como convocante global de foros multilaterales, hacemos un llamamiento a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros a que se comprometan formalmente para la organización de dicho foro en respuesta a las necesidades de la comunidad global, y para vincular las obligaciones de los Estados con el derecho humano al agua y la sanidad. Dicho foro deberá favorecer el desarrollo de un diálogo abierto y significativo entre las comunidades perjudicadas, los trabajadores, los aborígenes y la sociedad civil.
Exigimos a los Estados miembro cumplimentar las resoluciones de Naciones Unidas y reformar las leyes locales necesarias para el reconocimiento del agua y la sanidad como derecho fundamental de todo ser humano. Los gobiernos deben comprometerse a elaborar planes nacionales de acción detallando de qué manera llevarán a cabo sus obligaciones para respetar, aplicar y proteger este derecho.
Convocamos a todas las organizaciones y gobiernos a que durante este VI Foro Mundial del Agua retiren su apoyo a los foros del agua realizados bajo control empresarial.

Declaración ministerial del VI Foro Mundial del Agua
El borrador de la declaración ministerial del Foro Mundial del Agua no es un documento legal vinculante y el Foro no es un espacio legítimo de discusión sobre la política del agua. Por lo tanto, la declaración resulta tanto inadecuada para alcanzar el reconocimiento estatal del agua como derecho humano como perjudicial, dado que tiene el poder de distorsionar y debilitar acuerdos vinculantes realizados en otros foros.
En cuanto al contenido, el borrador de la declaración presenta numerosas falencias, entre ellas se ignora el fracaso de la privatización como garantía del acceso igualitario al agua potable. Además, la declaración promueve la inversión en el recurso agua como capital natural, dentro de un modelo conducente a esquemas que han despojado a las comunidades de sus derechos al agua y la tierra. El agua es un patrimonio común, por lo tanto rechazamos cualquier intento de financiar nuestros recursos colectivos de agua y entregar así una gobernanza que debería pertenecer al pueblo a las juntas corporativas.
Las instituciones financieras internacionales, incluyendo al Grupo del Banco Mundial, continúan debilitando al sector público mediante su apoyo directo al sector privado y favorecen la pérdida de responsabilidades y capacidades gubernamentales básicas.
Apelamos a los ministros para que redacten el borrador de una declaración en contra de la actual, en la que se cuestione la autoridad y legitimidad del Foro Mundial del Agua como espacio de elaboración y desarrollo de políticas/gobernanza del agua, y se reafirme la importancia de una gobernanza del este recurso de tipo democrática.

La crisis ecológica y la Cumbre de la Tierra

Representamos movimientos en pos del agua, la tierra, los alimentos y el clima, y trabajamos para contrarrestar una financialización y commoditización de la naturaleza promovida por la llamada “economía verde” (preocupación básica de los intercambios que tendrán lugar en junio de 2012, en la Cubre Río+20).

Como activistas a favor de la justicia en relación con el agua, nos preocupa que en Marsella este recurso esté siendo promovido como “motor” de la economía verde. En este contexto, consideramos que tanto el VI Foro Mundial del Agua como la agenda corporativa de la Cumbre Río+20 han sido establecidos con el propósito de allanar el camino para un aumento de las privatizaciones de los servicios de agua so pretexto de implementar una innovación más ecológica y garantizar una mayor eficiencia desde el sector privado. De este modo se estarían promoviendo grandes proyectos de infraestructura y agronegocios relacionados con los biocombustibles que impedirán a las comunidades proteger sus recursos acuíferos. Por otro lado, el modelo mercantilista de distribución del agua y de la gobernanza, que incluyen el comercio del agua y nuevos costos por servicios “ecológicos” resultarán en una pérdida del control local y ampliarán el derecho de las empresas multinacionales a explotar los recursos naturales. Este acceso facilitado de las grandes corporaciones del Norte a los recursos naturales del Sur sólo exacerbarán las inequidades históricas entre ambos hemisferios.

Tanto la comunidad científica como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático reconocen las relaciones básicas existentes entre el agua y el cambio climático —cuyos impactos son más profundos en las comunidades más marginadas del planeta. Por lo tanto, no debemos aceptar soluciones falsas para la crisis medioambiental promovidas bajo la rúbrica de la “economía verde”, tales como la necesidad de construir represas, plantas de energía nuclear y plantaciones para obtener biocombustibles, que ponen en riesgo la cantidad y calidad del agua.

Las represas han desplazado a un estimado de entre 40 y 80 millones de personas, determinaron el empobrecimiento de otro tanto y transformaron al agua dulce en el ecosistema con mayor pérdida de biodiversidad del planeta. Los grandes proyectos de energía hidroeléctrica centralizados han favorecido las demandas de los centros urbanos y las industrias extractivas por sobre las necesidades básicas de los poblados más pobres.

Actualmente, la industria de las represas, el Banco Mundial, el G20 y otros actores sociales promueven la expansión de grandes proyectos hidroeléctricos. La industria de las represas intenta “teñir de verde” sus proyectos implementando el Protocolo de Evaluación de la Sustentabilidad Hidroenergética, una tarjeta de puntuación voluntaria controlada por las industrias y que no impone ningún requerimiento mínimo medioambiental ni social para la puesta en marcha de estos proyectos.

Convocamos a gobiernos y financieras a priorizar las necesidades de agua y energía de los ciudadanos más pobres por sobre las demandas del mercado mundial. Solicitamos que se evalúe cada necesidad y opción de modo equilibrado y participativo antes de que se sigan aprobando nuevos proyectos relacionados con el agua y la energía. Pedimos a todos los sectores sociales que se ajusten a las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas en caso de que se apruebe la construcción de una nuevo dique de contención.

Solicitamos a los gobiernos y a los actores sociales correspondientes que no adhieran al enfoque voluntarista del Protocolo de Evaluación de la Sustentabilidad Hidroenergética.

Por otro lado, el modelo dominante de agricultura industrial e intensiva basada en monocultivos contamina y destruye los recursos de agua, introduce especias exóticas en los ecosistemas, monopoliza la biodiversidad y perjudica tanto la soberanía como la seguridad alimentarias de las comunidades locales e indígenas, que continúan conformando el 70% de la población mundial. De este modo, empobrece no solo a los miembros de las comunidades aborígenes y rurales, sino también al suelo agrícola y a los ecosistemas, contribuyendo con el calentamiento global. También desplaza a las comunidades más desprotegidas e impacta con fuerza sobre las vidas y la salud pública de miles de millones de personas.
Para garantizar el alcance de una justicia económica y medioambiental para todos son necesarios nuevos modelos de gobernabilidad2 basados en la protección del agua como patrimonio común y la implementación de sistemas de recuperación y compensación del ciclo del agua, la tierra y los ecosistemas que han sido devastados luego de décadas de abuso.
El enfoque empresarial y mercantilista de la economía verde no ofrece una solución a la crisis global del agua. Aprovechamos esta oportunidad para plantear a todos los líderes y representantes presentes en la Cumbre Rio+20 que ¡ni nuestra agua ni nuestro mundo están a la venta!
Exigimos a los gobiernos que se unan a nosotros en contra de esta supuesta “economía verde”.

Los derechos de los pueblos indígenas
Somos pueblos indígenas y no indígenas unidos en solidaridad en contra de la destrucción y la contaminación a gran escala de las aguas y los territorios aborígenes mediante leyes y prácticas externas y colonialistas tales como la globalización y los llamados mecanismos de libre mercado que continúan usurpando y desplazando a las poblaciones aborígenes de sus tierras y recursos naturales tradicionales y ancestrales.
Para los pobladores aborígenes el agua es vida y es un elemento Sagrado. El agua nutre tanto nuestros cuerpos como nuestros espíritus y es fundamental para nuestras prácticas culturales. Del agua dependen nuestros medios tradicionales de subsistencia, así como nuestra soberanía y seguridad alimentaria, por tales motivos no debe ser privatizada. Exigimos el respecto de los derechos y la soberanía aborígenes. Demandamos que tanto el conocimiento como las prácticas culturales, espirituales y tradicionales, así como las instituciones de gobierno indígenas sean reconocidos.

Financiación del derecho humano al agua y la sanidad en tiempos de crisis económica

La crisis económica debe ser tratada en forma urgente, justa y equitativa. Nos incluimos entre aquellos que han salido a las calles en todo el mundo para manifestar que los ciudadanos comunes no deben ser quienes paguen el fracaso de un sistema económico dirigido por intereses corporativos que han perpetuado la inequidad social y el colapso ambiental.
El derecho humano al agua requiere una financiación pública adecuada. En el contexto de la austeridad económica del hemisferio norte y del reajuste estructural del sur, los gobiernos han recortado drásticamente sus gastos destinados a servicios vitales de agua y saneamiento y han permitido el acceso de las empresas privadas a estos sectores.
En su informe sobre financiación para la Asamblea General de 201, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento enfatizó que los Estados no han establecido aún el derecho humano al agua y la sanidad debido a la estrechez de su enfoque en cuanto al crecimiento económico.
Apelamos a los Estados para priorizar la financiación pública y comunitaria del agua y los sistemas de saneamiento públicos mediante la implementación de impuestos progresivos. Además, reclamamos que los recursos estatales sean asignados a las asociaciones públicas, garantizando que las mejores prácticas de este sector se compartan con aquellos que requieren una mayor formación y capacitaciones. También apoyamos el reclamo de impuestos para el comercio internacional y local que incrementen la renta pública y la capacidad de los gobiernos para invertir fondos en los servicios públicos.
Invocamos a las Instituciones Financieras Internacionales a que apoyen la gobernanza democrática y el control del agua por parte de los gobiernos legitimados a través de su apoyo directo, con el fin de favorecer tomas de decisiones democráticas.
Reclamamos que todos los empleadores, tanto públicos como privados, reconozcan los derechos de los trabajadores definidos en las convenciones de la OIT.
¡Celebramos nuestros logros y esperamos con ansias la colaboración internacional e intercontinental!

Un resumen de nuestras peticiones:
Organización de un foro global bajo la tutela de la ONU para poner en práctica el derecho humano al agua y el saneamiento, a desarrollarse en Octubre de 2015.
Reconocimiento del derecho humano al agua en las políticas nacionales.
Fin al Foro Mundial del Agua bajo el control de las empresas.
Declaración ministerial reivindicativa que establezca al agua como patrimonio común, reconozca el fracaso de la privatización del agua y de los sistemas de saneamiento y denuncie al Foro Mundial del Agua.
Fin definitivo de la privatización, comercialización y corporatización del agua pública y los servicios de saneamiento.
Modelos de gobierno basados en la protección del agua como patrimonio común y sistemas de recuperación y compensación de la integridad del agua y los ecosistemas, destruídos desde hace décadas con nuestros abusos.
Rechazo hacía la “economía verde” y la financiación de la naturaleza.
Financiación pública del agua y los sistemas de saneamiento públicos a través de impuestos progresivos.
Asignación de recursos estatales a las asociaciones públicas para formar y capacitar acerca del uso adecuado del agua y los servicios de saneamiento.
Apoyo al reclamo de impuestos al comercio internacional y local de modo de aumentar las rentas públicas y la capacidad de los gobiernos para invertir fondos en los servicios públicos.

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