Notícia – La “guerra del agua” salpica a los jueces

Posted on 26 de Juny de 2013 per

2


Dos magistrados que debían decidir sobre el conflicto por la privatización de Aguas Ter-Llobregat tienen vínculos con la compañía Agbar

Acciona pone en cuestión la oferta de Agbar por ATLL

El Tribunal Superior tumba la privatización de ATLL a Acciona

La Generalitat admite que no podría pagar la indemnización por ATLL

Font: El Pais

La guerra del agua en Cataluña, que ha provocado un fuego cruzado judicial entre los distintos gigantes del sector —Agbar, Acciona y Aqualia (de FCC)—, la Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ha puesto en el punto de mira a los magistrados que deben dirimir sobre los dos macrocontratos que están en juego en los juzgados: la privatización a Acciona de la gestión de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) y el convenio entre el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y Agbar para que una sociedad conjunta suministre a 23 municipios de la corona metropolitana, entre ellos la capital. Uno de los jueces implicados es Joaquín José Ortiz, a su vez imputado en el caso ITV por asesorar a un empresario amigo y que en el caso del agua ha decidido inhibirse sin que nadie se lo pidiera. El otro magistrado es su compañero de sección Eduardo Paricio Rallo. Acciona pidió su recusación porque había participado en un seminario de Agbar, pero esta no ha prosperado.

Ortiz decidió apartarse por sus estrechas relaciones con Agbar. El motivo: “Haber intervenido en seminarios y conferencias retribuidos organizados por la Sociedad General de Aguas de Barcelona o su Fundación, en su sede social, en los que he expresado opiniones e interpretaciones legales” sobre el abastecimiento del agua, según los argumentos que él mismo aportó.

A finales de 2012, en la que ha sido la mayor privatización aprobada jamás por la Generalitat, el Gobierno catalán adjudicó a Acciona la explotación de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), la empresa pública que gestiona el agua llamada “en alta”, la que va desde las cuencas fluviales hasta los depósitos municipales. El contrato, por 1.000 millones de euros, afecta a cinco millones de catalanes, que son los consumidores de ese agua. El pasado marzo, sin embargo, el proyecto recibió un duro varapalo por parte de la Sección Quinta de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que pertenecen Ortiz y Paricio.

Los magistrados —Ortiz ya se había retirado y no participó en aquella decisión— dieron la razón a un organismo de control de la Generalitat, el OARCC. Este había concluido que la oferta de Acciona no cumplía algunos requisitos del concurso público, por lo que exigía retrotraer el proceso hasta la invalidación de la oferta. Esa decisión implicaba, en síntesis, que el concurso debía adjudicarse al único competidor: Agbar. Los jueces hicieron caso omiso de la Generalitat y de Acciona, y concedieron que se ejecutara el dictamen del órgano de control en la contratación (OARCC) hasta que hubiera sentencia firme, como había solicitado Agbar.

La decisión se hacía pública en el mismo momento en el que los consejeros de Economía, Andreu Mas-Colell, y de Territorio, Santi Vila, comparecían en el Parlament para explicar por qué y cómo se adjudicó la empresa pública a Acciona. En su comparecencia, los consejeros se mostraron abiertos a estudiar que el contrato cambiara de manos, si bien todavía no han ejecutado el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia Catalana.

La sentencia del caso aún no ha llegado, pero Acciona ha maniobrado desde entonces en todos los frentes para revocar el auto judicial que obligaría a anular la adjudicación Agbar. La empresa considera que uno de los magistrados que tomó aquella decisión no puede ser imparcial e independiente por sus vínculos con Agbar. A principios de mayo, Acciona pidió la recusación de Paricio; es decir, que se apartara de la causa. La compañía esgrimió que el magistrado había participado en un seminario organizado por la Fundación Agbar sobre gestión urbana del agua de Barcelona y mantenía, por tanto, una “amistad íntima” con la operadora, controlada por el grupo francés Suez Environnement y La Caixa.

A diferencia de Ortiz, Paricio no cree que sus vínculos con Agbar le obliguen a apartarse. En su informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado matiza que el seminario se celebró en enero de 2011 —y no de 2012, como decía Acciona— y que no trató sobre la gestión del agua en Barcelona, sino en el conjunto de España.

Paricio cree que fue invitado al seminario por una sentencia que había dictado cuando era responsable de un juzgado contencioso-administrativo y que tuvo “mucha repercusión”. Aquella resolución, de 2010, es la única conocida en la que un juez consideraba que Agbar no podía prestar el servicio, porque “resulta que no hay contrato de concesión”.

Ya en el TSJC, Paricio ha firmado un auto en el que asume todo lo contrario: la suministradora tiene los papeles en regla para operar en Barcelona.

Paricio argumenta que rechazó escribir una ponencia y que solo participó en las sesiones de debate junto a otros expertos del mundo académico y judicial. Su nombre, sin embargo, fue incorporado como “relator” en el libro que se editó para recoger las conclusiones de aquel seminario: El precio del agua, editado por la Fundación Agbar. El magistrado alega que fue una decisión de los editores del libro fruto, tal vez, de su participación “intensa” en los debates. Paricio, que en el escrito no aclara si cobró por esas jornadas, dice que para “un observador no interesado” no puede deducirse una relación de colaboración y amistad con Agbar. Y mucho menos, sigue, un vínculo que “condicione” su “independencia”. Un magistrado independiente que examinó el caso dio la razón a Paricio, por lo que la petición de Acciona ha sido rechazada.

Pero las suspicacias generadas por Paricio y Ortiz no se han quedado solo en eso. Aqualia, la división de FCC que ha recurrido también la decisión del Área Metropolitana de crear una sociedad conjunta con Agbar —creada bajo el argumento de que la compañía tiene el “contrato de concesión”, pese a las dudas de la Agencia Catalana del Agua—, ha remitido un texto al TSJC demandando información sobre la inhibición de Ortiz.

Fuentes jurídicas señalan que Aqualia quiere saber si esa relación del magistrado con Agbar es anterior y si podría haber influido en dos sentencias en las que participó Ortiz y que supusieron para Aqualia la pérdida de los contratos de Torredembarra y El Vendrell, pese a que en primera instancia los jueces les habían dado la razón. La empresa que se benefició de esos fallos fue Sorea, del grupo Agbar.

Advertisements