Un edil y el hermano de una alcaldesa del PP hacen negocio con concesionarias #aguaycorrupción

Posted on 13 de gener de 2014 per

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Las empresas alquilan naves a un concejal de Bollullos y a un familiar de Dolores López

El concejal del PP y delegado de Hacienda en Bollullos Par del Condado (Huelva), Francisco José Martín Carrellán, y Domingo López Gabarro, hermano de Dolores López, alcaldesa de Valverde del Camino (Huelva) y diputada del Partido Popular en el Parlamento andaluz, han alquilado propiedades a Aqualia y a FCC, empresas a las que los Ayuntamientos han concedido la gestión de los servicios de agua y de basura. Martín Carrellán participó en la votación de adjudicación a la empresa que luego le arrendó su nave. La oposición cuestiona los contratos y considera que podrían ser irregulares.

El Ayuntamiento de Bollullos, presidido por el independiente exrepresentante de IU Francisco José Díaz y gobernado en coalición conel PP, aprobó en 2009 la “concesión de la gestión del servicio municipalde abastecimiento, alcantarillado y depuración a Aqualia”. El contrato es para 25 años y fue aprobado con los votos de las dos formaciones de Gobierno, incluido el concejal de Hacienda, según el acta municipal.

Posteriormente, Aqualia se instaló con un cartel en el que se define como “Servicio Municipal de Agua de Bollullos Par del Condado” en la nave que ocupa el número 4 de la calle Doctor Fleming de esta localidad y que, según el registro de la propiedad de Almonte, pertenece a Francisco José Martín Carrellán e Inmaculada Salas Pichardo, su esposa. Esta información la corrobora el propio concejal en su declaración de bienes y en la que figura, entre una quincena de propiedades, “1/2 Nave industrial, Doctor Fleming, en Bollullos”.

Martín Carrellán reconoció el alquiler de la nave y precisó que se produjo después de la adjudicación a la compañía del servicio del agua. “Un año y medio más tarde, y a raíz de que Aqualia se va haciendo cargo de más municipios de la comarca, se decide ubicar en Bollullos un local para atender a los pueblos adscritos a este servicio. Es entonces cuando le alquilo la nave”, explicó Francisco José Martín Carrellán, quién afirma que su local, de 300 metros cuadrados, tenía un valor de 600 euros, inferior al valor del mercado.

“¿Dónde está el delito? ¿Dónde está la incompatibilidad? No le alquilé la nave a Giahsa, que es pública, sino a una firma privada que puede contratar lo que le dé la gana. ¿Dónde está la noticia: que he favorecido a Aqualia o que me he lucrado yo? No lo entiendo”, replicó Francisco José Martín Carrellán.

El edil se defendió acusando a IU y, especialmente, a Diego Valderas, vicepresidente de la Junta y exalcalde de Bollullos. “No saben qué hacer para cogerme. No tengo nada que esconder, pero ellos sí tienen mucho que callar”, aseguró el edil popular, quien amenazó con tirar de la manta para demostrar “quién comete irregularidades” en el municipio. “Que alguien diga que yo he cometido alguna irregularidad con ese alquiler, que tengo mis asesores y le pongo una querella”, señaló.

Fuentes de Aqualia afirmaron que el alquiler se formalizó tras hacer una prospección en la zona y preguntar precios. “Seleccionamos la oferta más competitiva y que mejor se adaptaba a nuestras necesidades de espacio”.

La situación en Valverde es parecida, aunque en este caso la propiedad beneficiada por el alquiler de la empresa concesionaria de basuras, FCC, no es directamente de la alcaldesa, pero sí de su hermano. Se trata de la parcela 105 del polígono industrial Monete, que figura como nave industrial y a nombre de Domingo López Gabarro.

En la concesión del servicio, se prevé la construcción de una nave en la que se invertirán 400.000 euros. El edificio no se ha construido y, por el contrario, se alquiló la propiedad del hermano de la alcaldesa. Además, el Ayuntamiento sí mantiene, según informó el secretario general del PSOE local, Pedro Domínguez, una obligación de pago de 121.735 euros anuales durante 10 años a la concesionaria. En los presupuestos de 2012 y 2013 hay consignadas dos partidas de 837.204 euros.

Domínguez ha reclamado reiteradamente la creación de una comisión especial informativa en el Ayuntamiento de Valverde para estudiar la renuncia a la prestación del servicio por parte de una entidad pública y los contratos vinculados a esta operación, pero el PP se ha opuesto.

a alcaldesa no respondió a este medio y el viceportavoz popular en la Diputación, José Domingo Doblado, asumió la respuesta de esta formación y argumentó que “la empresa privada es libre de hacer lo que quiera y no tiene que pasar por pleno”.

La oposición por el contrario califica los hechos de “inmorales” y duda de que no suponga una irregularidad. En este sentido, fuentes municipales consideran que la norma sobre incompatibilidades que afecta a los concejales en relación con los contratos de servicios públicos también afecta a sus familiares directos.

Las regulaciones de los conflictos de intereses de miembros de la Administración y la norma sobre incompatibilidades suponen límites y prohibiciones no solo para los cargos electos sino también para “cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y descendientes”. La norma establece que “quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público”.

Sospechas y demanda de regulación

Los ediles de la oposición de los pueblos donde el edil y el hermano de la alcaldesa han alquilado creen sospechoso que la empresa concesionaria no haya encontrado en ambos municipios otras ofertas mejores que la del concejal y la familia de la alcaldesa para alquilar o que no se cedieran instalaciones propias a cambio de mejorar las condiciones del contrato con los Ayuntamientos.

Para el gerente de la asociación de operadores públicos Aeopas, Luis Babiano, el origen de las supuestas irregularidades es la privatización de servicios a cambio de un canon, una cantidad que adelantan las empresas a los Ayuntamientos y que después cobran con sus beneficios e intereses a través de los recibos que pagan los ciudadanos. “Es absolutamente indecente y debería estar perseguido ya que es una puerta abierta a posibles irregularidades”, afirma Babiano, quien reclama que se prohíba,como se ha hecho en la ley de transparencia y anticorrupción francesa, o que se cree un regulador o un observatorio independiente que vele por la transparencia del servicio. “Es necesario que la ley prohíba expresamente que el destino de los cánones que las entidades públicas perciban por la concesión de los servicios de agua sea otro que las infraestructuras hidráulicas y que se establezcan los mecanismos de control y sancionadores suficientes para erradicar esta práctica”, añade.

El gerente de Aeopas incide también en que es fundamental asumir que el agua es un derecho humano, algo que considera incompatible que se trate como un negocio. En este sentido, advierte contra la interrupción del suministro por impago, en especial durante épocas de crisis como la actual.

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