#aguaycorrupcion El secretario de Baltar asesoraba a Aquagest [@agbar] para lograr contratos

Posted on 24 de febrer de 2014 per

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Henry Laíño, exdirector de Aquagest en Galicia, se jactaba en 2012 de controlar el negocio del agua en la provincia de Ourense a través de sus relaciones con políticos y altos funcionarios de la institución provincial. “En la Diputación tú sabes que yo soy el rey, joder”, alardea ante el jefe de producción de la zona centro de Aquagest, Luis Manuel Morón. En las conversaciones telefónicas del empresario incluidas en el sumario de la Operación Pokémon —y en sus declaraciones en el pormenorizado interrogatorio al que lo sometió la juez Pilar de Lara— Laíño alaba las cualidades profesionales del secretario de la Diputación de Ourense, Francisco Cacharro Gosende (hijo del expresidente del PP y de la Diputación de Lugo), de quien De Lara concluye que “ha firmado casi todos los informes favorables a Aquagest de la provincia de Ourense”, además de otro en el Ayuntamiento de Santiago por el que le abonaron una factura “inflada” de 12.000 euros, “cuando el precio era de 3.000” con el objetivo de “pagar los favores de Ourense”, según declaró a la juez el directivo de Aquagest José Luis Míguez. Sostiene De Lara que, con ese informe de Cacharro, el entonces alcalde compostelano, Gerardo Conde Roa, pretendía renovar el convenio con Aquagest que el interventor y el secretario municipales se negaban a autorizar.

Cuando, tras hacerse público el sumario, trascendió este dato, Cacharro negó haber realizado el trabajo y haber recibido percepción económica alguna de Aquagest. Limitó su participación a la “recomendación” de los servicios de una abogada. La juez sostiene, sin embargo, que el secretario de la Diputación de Ourense era socio de la letrada y que, aunque la factura fue expedida a nombre del despacho de la abogada, esta le hizo una transferencia al alto funcionario.

La relación de Laíño con Cacharro era estrecha. El jefe de Aquagest en Galicia se llevó al secretario de la Diputación a Madrid para que asesorara a los servicios jurídicos de la sociedad privada sobre el modelo de empresa mixta (Aquaourense, de la que Cacharro es secretario) que José Luis Baltar había creado en 2009 fusionando a la institución con la firma privada para gestionar el ciclo del agua en la provincia sin contar con la Xunta. El Gobierno bipartito de entonces intentaba implantar un modelo de gestión unificada de las 149 depuradoras de Galicia.

De las declaraciones de Laíño se desprende que consultaba con Cacharro sus dudas empresariales. El jefe de Aquagest le comunica en una ocasión que va a llamar a Baltar para que “le dé un toque a los del PP de O Barco de Valdeorras por lo de la subida de tasas”. Laíño acaba justificando ante De Lara que no le pedía el favor al Baltar presidente de la Diputación, con quien tenía el convenio empresarial, sino al Baltar presidente del PP de Ourense. Con el “cacique bueno” también tenía relación: había contratado en Aquagest a un sobrino del entonces presidente de la Diputación. Cuando en abril de 2012 trascendió que Bruselas inspeccionaba el plan de depuradoras acometido por la Diputación con fondos europeos, alertada de la posible comisión de delitos por la institución ourensana, Laíño —responsable del control de las aguas mediante la participación de Aquagest en la empresa mixta— trasladó un recado a Baltar: iba a subir de categoría a su sobrino, que entonces llevaba ya cinco años en la empresa haciéndose cargo de los tanques de tormenta.

En junio de 2012, un pinchazo en el teléfono de Laíño desvela que, a través de Cacharro —“que no puede firmar porque es secretario de la Diputación”— se pone en contacto con una empresa formada por un grupo de abogados y economistas para trabajar en los ayuntamientos redactando pliegos de condiciones y proyectos de obras.

En realidad, Laíño tocaba todos los palos. Cultivaba amistades tanto en el PP como en el PSOE. Ante la instructora del sumario, el máximo responsable de Aquagest en Galicia no solo reconoce su estrecha amistad con Cacharro, sino también con exalcalde de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, a quien agasajaba con viajes a distintos destinos en hoteles en los que el alojamiento costaba 150 euros la noche y a cuya pareja e hijo empleó en Aquagest mientras, en contrapartida, el Ayuntamiento contrataba a la esposa de Laíño. También dio trabajo a la pareja del exalcalde de O Carballiño el socialista Carlos Montes. El empresario consideraba a Ourense “la zona de negocio mayor en magnitud de complejidad”. En una conversación con un empleado, le advierte de la importancia del negocio en esta provincia. “Cualquier mierda en Ourense, cualquier mierda… los tanques de tormenta, sin llevar energía eléctrica, o sea, tú fíjate, son 300.000 euros al año”, le indica. Y le deja claro a continuación: “Yo necesito a alguien en Ourense, macho, que me vaya a los sitios de traje y corbata, ¿entiendes?”.

Funcionarios desplazados por negarse a firmar

En enero de 2008, el Ayuntamiento de Celanova presidido por el actual diputado autonómico del PP, Antonio Mouriño, decidió prorrogar la concesión del servicio a Aquagest hasta 2026 (el contrato original se remonta a 1996). No hubo concurso público, las depuradoras vertían entonces los residuos por los caminos de las aldeas, y la prórroga del contrato revertía en una subida de más de un 70% en la factura al vecindario. La interventora municipal firmó un informe contrario y el secretario expuso sus reparos.

Atado de pies y manos, el grupo de gobierno del PP recurrió a la Diputación ourensana. El gobierno municipal pudo solventar el problema con un informe favorable firmado por el secretario de la institución provincial, Francisco Cacharro. Mientras el secretario y la interventora de Santiago que se negaban a firmar la renovación a Aquagest —el Ayuntamiento recurrió también en ese caso a Cacharro— fueron apartados, la funcionaria de Celanova pidió voluntariamente el traslado a las pocas semanas.

Mouriño se empeñó en la renovación del contrato del agua pese a la advertencia de los portavoces de la oposición (la socialista María Jesús Boo y el nacionalista Alfonso Grande) de la supuesta ilegalidad. El PP esgrimió como aval la “credibilidad” de la empresa que aportaba 70.000 euros “para obras en el municipio”. “Están atrapados por Aquagest, ustedes sabrán por qué”, expresó en aquel momento su alarma la oposición.

En el sumario de la Operación Pokémon la juez De Lara hace referencia a ese informe favorable a Aquagest en Celanova firmado por el secretario de la Diputación. Al mismo tiempo, la juez instructora alude a las continuas denuncias presentadas contra la concesionaria del agua por vertidos contaminantes en distintos puntos de Galicia que, precisa, sistemáticamente fueron archivadas por la Confederación Hidrográfica presidida por Francisco Fernández Liñares, uno de los principales imputados del caso, que “no hizo absolutamente nada”.

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Font: El Pais

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