Article – Hemos de constituir una marea azul que imponga de nuevo la democracia y la participación ciudadana en la gestión del agua

Posted on 26 de febrer de 2014 per

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El agua es un derecho humano, no una mercancía. Representantes de la sociedad civil y de los sindicatos trasladaron la voz de los casi dos millones de ciudadanos europeos que firmaron la ICE-Agua, para solicitar a la Comisión que elabore una propuesta legislativa que garantice el derecho humano al agua y al saneamiento así como que la gestión del agua no sea liberalizada.

Una esperanza recorre Europa: que la gestión del agua sea 100% de gestión pública. Un escenario del cual, como en tantas otras realidades de esta desafortunada región, Murcia se aleja enormemente con prácticamente todos sus servicios municipales de agua privatizados. Sin embargo, el pasado lunes, 17 de febrero, la ciudadanía europea, en ejercicio de su derecho de participación democrática, tuvo la oportunidad de debatir en el seno del Parlamento Europeo la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE): «El agua es un derecho humano, no una mercancía». Representantes de la sociedad civil y de los sindicatos trasladaron la voz de los casi dos millones de ciudadanos europeos que firmaron la ICE-Agua, para solicitar a la Comisión que elabore una propuesta legislativa que garantice el derecho humano al agua y al saneamiento así como que la gestión del agua no sea liberalizada.

El reconocimiento europeo del derecho al agua desde una óptica de derechos humanos, como plantea la ICE-Agua, resulta imprescindible en un contexto de crisis económica como el actual. Si la Comisión atiende las demandas ciudadanas, la incorporación del derecho humano al agua en los ordenamientos jurídicos internos impedirá la aplicación de políticas regresivas con los derechos humanos como hasta ahora se viene haciendo.

En algunos Estados, entre ellos España, los gobiernos municipales ante la falta de liquidez de su arcas públicas ceden a la privatización de servicios básicos como el agua, depositando en manos privadas (multinacionales como FCC, Veolia o Suez) la gestión del suministro a cambio de un canon concesional que nuestros gobernantes invertirán en enjuagar sus deudas y no en el mantenimiento, mejora o ampliación de los servicios de distribución de agua y saneamiento. El proceso de privatización acarrea de manera casi inmediata subidas desproporcionadas del precio de los servicios (las tarifas del agua) que algunos ciudadanos no pueden asumir. En el contexto de la crisis económica, y su correlato de privatizaciones y desmantelamiento de las protecciones sociales, los incrementos de las tarifas traen consigo un aumento considerable de la morosidad en el pago, especialmente entre las personas de bajos ingresos o en riesgo de exclusión. Habitualmente, la respuesta ante el impago se traduce en el corte de suministro. No solamente se despoja a la ciudadanía del control de un bien común fundamental como es el agua, sino que además las familias con menos recursos sufren la violencia del corte de suministro.

La Resolución 64/292 (2010), de la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Los Estados están obligados a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos; y en el caso del derecho al agua y al saneamiento, la obligación de respetar implica que los Estados actúen para que quienes ya disfrutan de su derecho al suministro sigan haciéndolo prohibiendo el corte por impago y estableciendo medidas proporcionales y alternativas acordes a la situación que padecen. Por todo ello, la respuesta de la Comisión, reconociendo el derecho humano al agua, supondrá la obligación de los poderes públicos de revisar su legislación y sus prácticas en orden a garantizar el derecho humano y a satisfacer de un mínimo vital en todos los países de la UE. El mínimo vital se corresponde con el mínimo existencial necesario para llevar una vida digna cuyo déficit, los poderes públicos en su caso, deben corregir al margen de cualquier problema presupuestario o financiero.

La ciudadanía debe recuperar el control democrático de sus servicios municipales de aguas. Es la única forma de poner a disposición de las necesidades colectivas un bien indispensable para la vida como es el agua. Solamente el agua será un bien común bajo la gestión cien por cien pública y el control ciudadano. De esta forma no habrá cortes de agua a las familias golpeadas por la crisis y el desempleo, las tarifas del agua dejarán de incrementarse artificialmente y se construirán como tasas y no como precios. Además, las inmensas ganancias de las empresas privadas que gestionan hoy el agua volverán a ser públicas y controladas democráticamente. A este proceso lo llamamos remunicipalización.

En el municipio de Murcia, aunque Emuasa es una empresa mixta público-privada, en la práctica las decisiones estratégicas son tomadas por la parte privada, es decir, el grupo Agbar y la multinacional Canal de Suez, sin ningún control público digno de tal denominación. Las principales ciudades de Europa han entendido perfectamente que es un absoluto disparate que los servicios municipales de gestión del agua estén privatizados y controlados por tres multinacionales. Por ello, ayuntamientos como Berlín o París han tomado la determinación en los últimos años de recuperar el control público de sus antaño privatizados servicios de aguas. En España también se están viviendo interesantes experiencias de remunicipalización del agua como en Medina Sidonia (Cádiz), o el de los 17 municipios sevillanos agrupados en la sociedad Aguas del Huesna. Y municipios como Alcázar de San Juan están desarrollando una lucha ejemplar contra la privatización del servicio de aguas (#AlcázarEnLucha).

En la Región de Murcia, todos los servicios municipales están prácticamente privatizados. Ahora que se acercan unas elecciones europeas debemos decir a los gobernantes que queremos que los servicios de aguas de La Unión, Santomera, Lorca, Las Torres de Cotillas o Murcia vuelvan a manos públicas como han hecho las principales ciudades de Europa. Hemos de constituir una marea azul que imponga de nuevo la democracia y la participación ciudadana en la gestión del agua. Sólo así podremos decir que el agua es realmente de todos.

Font: La Opinion de Murcia

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