#aguaycorrupcion Trias admite que su gerente participó en una adjudicación a su ex empresa [@agbar]

Posted on 7 de Març de 2014 per

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CiU defiende ahora un proceso que puso bajo sospecha estando en la oposición
El Ayuntamiento sostiene que Llagostera se apartó a tiempo para no influir
ICV aceptaría una investigación y el PP la exige para dilucidar los hechos

El gobierno de Barcelona admitió ayer que el actual gerente de Medi Ambient del Consistorio, Roman Llagostera, «participó inicialmente» en el proceso de contratación que acabó en la adjudicación de un contrato de casi 10 millones a la empresa privada de gestión de aguas en la que éste trabajó hasta dos años antes de ingresar en el Ayuntamiento, tal y como avanzó este diario.

Fuentes del gabinete municipal barcelonés defendieron, no obstante, la legalidad del procedimiento porque, argumentaron, a mitad del proceso de adjudicación, Llagostera «decidió apartarse al detectar una posible concurrencia por haber prestado servicios profesionales auna empresa que podría tener cierta vinculación con uno de los licitadores».

Dicho licitador no fue otro que Aquagest, nueva denominación de SEARSA, la corporación en la que el actual gerente de Medi Ambient y entonces director de Cicle de l’Aigua del Ayuntamiento, trabajó durante 14 años, llegando a compatibilizar su cargo como apoderado de la empresa y responsable municipal durante cuatro meses.

Las mismas fuentes defendieron ayer, mediante un comunicado remitido a EL MUNDO, la decisión de partir el concurso de mantenimiento de las fuentes de la ciudad, que hasta 2010 se adjudicaba en un sólo paquete, el último de los cuales recayó sobre Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Argumentó el Consistorio que el contrato se partió por «criterios de competencia y seguridad», además de por «el aumento del volumen de servicio y de carga de trabajo».

La justificación del actual gobierno de Barcelona choca frontalmente con los argumentos que CiU utilizó en el anterior mandato, cuando se encontraba en la oposición. Los nacionalistas votaron entonces contra la adjudicación del discutido contrato en la comisión celebrada el 17 de febrero de 2010 que dio luz verde al procedimiento. El concejal de CiU y actual concejal de Medi Ambient, Joan Puigdollers, se esforzó en mostrar su rechazo a la partición del contrato -que ahora defienden- en dos lotes para que nuevas empresas pudieran beneficiarse. Además, declaró: «Nos han sorprendido diversas cosas. Es la primera vez en mi vida que me encuentro con un concurso en el que se deben modificar las valoraciones porque se reconoce que ha habido un error». Y añadió sus «dudas de que el concurso se haya gestionado correctamente». Así lo recoge el acta de la citada comisión. La partición del contrato implicó que Aquagest, la empresa a la que estuvo ligado Llagostera, se hicera con el lote más importante y recibiera más de 9,5 millones y que FCC tuviera que conformarse con 6,6.

El gobierno de Barcelona defendió a este diario que el contrato de mantenimiento de las fuentes «se resolvió de manera correcta y ajustada a la legislación» y sustentó su afirmación en que «ninguna de las partes implicadas denunciaron el proceso». El Consistorio admitió, por otra parte, la existencia de una denuncia interna por parte de un funcionario de carrera por su discrepancia con la forma en la que se realizó la adjudicación y defendió que ésta no fue atendida porque la asesoría jurídica entendió que la «no abstención» de Llagostera en el inicio de la adjudidación «no es suficiente para comportar su invalidez».

El gobierno de Trias destacó, además, que Imma Mayol «asumió íntegramente» la decisión de culminar la contratación. En este sentido, fuentes de ICV señalaron ayer a este diario «no tener constancia de ninguna irregularidad», aunque añadieron que «ante cualquier indicio de duda» apoyarán que se realice una investigación «a fondo».

El PP, que también votó en su día contra la contrata de aguas que acabó en manos de la ex empresa de Llagostera, ha registrado dos preguntas para conocer los pormenores de la adjudicación y su posible renovación por otros dos años a partir del próximo mes de abril. Su concejal, Óscar Ramírez, exigió una «investigación de oficio» para «aclarar los hechos» y conocer si hubo «irregularidades» en la adjudidación y «abuso de autoridad» con los funcionarios discrepantes.

Font: elmundo

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