Abastecimiento y saneamiento, un derecho humano

Posted on 26 de Març de 2014 per

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Sin lugar a dudas, el 28 de julio de 2010 pasó a ser uno de esos momentos estelares en la historia del agua y de la humanidad al ser reconocido, por la Asamblea General de Naciones Unidas, el acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida. El significado y alcance de ese nuevo derecho, que los Estados tienen la responsabilidad primordial de garantizar, al igual que a aquellos que fueron aprobados en la Carta Internacional de los Derechos del Hombre de 1948, se debe regir con arreglo a los criterios de disponibilidad, calidad, aceptabilidad, accesibilidad y asequibilidad, garantizándose la rendición de cuentas en su aplicación y estableciéndose mecanismos adecuados de supervisión, independientemente de que el modo de gestión elegido sea público o privado.

A día de hoy, los Estados de la Unión Europea están en deuda con los ciudadanos al no haber valorado, como así se les exigía, si el actual marco legislativo y de políticas es acorde con el derecho al agua potable y el saneamiento y, en su caso, derogarlo, enmendarlo o adaptarlo. Como consecuencia de la pasividad mostrada por las instituciones, ha sido la sociedad civil quien ha tomado la iniciativa de la mano de los sindicatos de servicios públicos, para lanzar una campaña de movilización y recogida de firmas, poniendo en marcha por primera vez el mecanismo previsto de democracia participativa „la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE)„ por la que los ciudadanos pueden incorporar a la agenda política el debate de un determinado tema. El resultado ha asido clamoroso y se han recogido más de 1.800.000 firmas, en veintiocho países, superando el millón que se precisaba.

La ICE llama la atención a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros para que todos los ciudadanos puedan ejercer el derecho al abastecimiento y el saneamiento, instándoles, a su vez, a que estos servicios se excluyan del ámbito de la liberalización y no se rijan por «las normas del mercado interior». Este mensaje, junto con la presión social desarrollada, ha calado en la Comisión y ha llevado a que el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, haya decidido que el agua quedara al margen de la directiva europea sobre concesiones, una norma que regula la privatización a través de contratos de las Administraciones con empresas de servicios. De forma bien distinta ha reaccionado la patronal del sector del agua, Eureau, que si bien reconoce, como no podría ser de otro modo, el derecho humano al abastecimiento y saneamiento, expresa sus inquietudes por querer excluir estos servicios de las normas que rigen el mercado comercial interior.

Si focalizamos la atención en nuestros país, no sólo no se está cumpliendo con el mandato de Naciones Unidas con todas sus consecuencias y obligaciones, sino lo que es más grave: el Estado tampoco lo está respetando y protegiendo como sería su deber y obligación. No hay que olvidar que la piedra angular de los derechos humanos es la universalidad y la no discriminación por razón de raza, color, sexo… o condición económica, y esto no se está cumpliendo aquí y ahora. Según cálculos de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), 300.000 hogares cada año se ven privados de agua potable como consecuencia del corte de suministro por impago del recibo del agua. Si nos fijamos en el saneamiento, la situación tampoco es aceptable: alrededor de 1.000 municipios vierten sus aguas residuales sin darles un tratamiento de depuración suficiente, con grave riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente.

El cumplimiento de ese derecho no es indiferente de la forma de gestión elegida, ya sea pública o privada, como algunos nos quieren hacer ver. No hay que olvidar que la asequibilidad, pensando en los colectivos económicamente más desfavorecidos, está garantizada en España por la Constitución, y el procedimiento para el caso de impago regulado por ley, cuando el servicio es prestado directamente por la Administración, no así cuando el gestor es privado. Pero asequibilidad también tiene que ver con no repercutir sobrecostes en el recibo y con un funcionamiento correcto de las reglas de la competencia en la fijación de precios, aspectos que quedan en entredicho cuando la gestión la realiza un operador privado.

Con la gestión privada desaparece, generalmente, la libertad de los municipios para contratar al mejor postor los bienes y servicios que precisen para la mejora, o la ejecución de nuevas infraestructuras durante el período que dure la concesión, de hasta 50 años. Por otra parte, el canon concesional, ese importe que abonan las empresas por adjudicarse el servicio, supone en muchos casos una forma de financiación encubierta de las arcas públicas, que ya se encargarán de recuperar las empresas concesionarias vía recibo del agua. Y la pretendida bondad que se debiera obtener de la libre competencia entre empresas para adjudicarse el servicio al mejor precio, no pasa en España de ser una quimera, en la que dos empresas, Suez y FCC, se reparten cerca del 50 % de la cuota de mercado. Y todo esto, sin dejar de lado las frecuentes denuncias sobre el proceso y la forma de adjudicación con que se realiza este tipo de concursos.

En Europa, dos de cada tres ciudadanos reciben el servicio de un operador público, y en países como Bélgica, Suiza u Holanda, el cien por cien. En París se ha rescatado recientemente después de haber permanecido durante 25 años en manos privadas y, en Alemania la ICE ha recibido más de un millón de firmas de apoyo. El movimiento iniciado por la ICE brinda una oportunidad única para que los Estados se reconcilien con sus ciudadanos, reconociendo y respetando el derecho humano al abastecimiento y saneamiento, dejando fuera de los intereses mercantilistas un servicio que es esencial para la vida y la dignidad de las personas.

Font: Enrique Lapuente. Diario Levante

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