«El agua es un derecho humano, no una “lata de Sardinas”»

Posted on 14 de Mai de 2014 per

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El pasado lunes, 17 de febrero, la ciudadanía europea, en ejercicio de su derecho de participación democrática, tuvo la oportunidad de debatir en el seno del Parlamento Europeo la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE): «El agua es un derecho humano, no una mercancía». Representantes de la sociedad civil y de los sindicatos trasladaron la voz de los casi dos millones de ciudadanos europeos que firmaron la ICE-Agua, para solicitar a la Comisión que elabore una propuesta legislativa que garantice el derecho humano al agua y al saneamiento así como que la gestión del agua no sea liberalizada.

En España Ducharse o beber del grifo no es un derecho; es un servicio, cuesta dinero y se puede cortar. La crisis ha disparado las cifras de los afectados por estas circunstancias. Cada mes se tramitan entre 4.000 y 5.000 propuestas de interrupción del suministro en Madrid. Cada día, 19 familias en Málaga se quedan sin agua. Según una respuesta de la empresa Emasa, se abrieron en un año 40.778 expedientes por impago y 6.881 terminaron en corte. La misma circunstancia se repite en casi los 8.000 municipios de España, salvo en algunos, como Medina Sidonia (Cádiz), en medio centenar de pueblos de Huelva que gestiona la empresa pública Giahsa, la ciudad de Zaragoza o en El Prat de Llobregat en Barcelona, donde se ha aprobado no cortar el agua a quien no pueda pagar.

Desde la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) hemos calculado que se tramitan al año más de 500.000 avisos de corte, un 30% más que hace cuatro años. De estos, se llegan a ejecutar —como hace cuatro años— un 60%, es decir, 300.000. La cifra es importante, es preocupante, pero no es menos alarmante que en España no existan datos oficiales sobre el fenómeno masivo de cortes. El suministro de agua es un servicio local y cada municipio lo gestiona a su manera. No existe ni regulación, ni transparencia ni gobernabilidad sobre el derecho humano al agua.

Nos urge, tal y como establece la resolución 64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se establezca por ley la dotación de un mínimo vital para que todos los reglamentos tengan que cumplirlo y que cualquier fondo social salga del propio recurso. Se tiene que prohibir la burbuja hídrica, que se pueda privatizar el agua para que los ayuntamientos enjuaguen sus cuentas, como en este momento sucede en El Puerto de Santa María, en Ubrique (Cádiz) o en Alcázar de San Juan (Castilla-La Mancha). Y tenemos que impedir que se puedan crear fondos del agua con partidas de asuntos sociales cuando realmente no son externalidades del propio sistema de tarifación del ciclo del agua.

El acceso al agua es un derecho relacionado con la dignidad, algo incompatible con la consideración del suministro como mercancía y de los usuarios como clientes. Muchos ayuntamientos con gestión privada en el servicio contribuyen al drama social de no tener acceso al agua cuando legalizan el corte del suministro a través de sus reglamentos de abastecimiento. Uno o dos recibos impagados permiten a la empresa cortar el agua a los vecinos, normalmente sin audiencia previa. La medida es claramente desproporcionada, ya que se persigue el exclusivo interés empresarial (garantía de cobro por encima del 97%) frente al respeto de un derecho humano.

Más del 50% del agua en nuestro país está en manos pública. Entre las consecuencias de la privatización está el aumento desproporcionado de las tarifas. En los últimos 5 años esta aumentó un 25%. La subida de las tarifas del agua en 2013 provoca un aumento de ingresos del 4%, hasta alcanzar 3.485 millones de euros pese l consumo de agua ha continuado a la baja (1,1% ). Frente a estas imposiciones las principales ciudades de Europa han entendido perfectamente que es un absoluto disparate que los servicios municipales de gestión del agua estén privatizados y controlados por tres multinacionales. Por ello, ayuntamientos como Berlín o París han tomado la determinación en los últimos años de recuperar el control público de sus antaño privatizados servicios de aguas. En España también se están viviendo interesantes experiencias de remunicipalización del agua como en Medina Sidonia (Cádiz), o el de los 17 municipios sevillanos agrupados en la sociedad Aguas del Huesna. Desde aeopas

Desde Aeopas defendemos que acceso al agua potable y al saneamiento es esencial para llevar una vida digna y de respeto por los derechos humanos. En este sentido, Aeopas junto algunos de sus asociados (sindicatos y consumidores) hemos apoyado que las empresas públicas de Huelva y Medina Sidonia aprobaran medidas para garantizar de manera ininterrumpida el suministro a usuarios domésticos aun en caso de impago de las tarifas.

También se ha solicitado modificaciones en los Reglamento de suministro domiciliario y en la Ley de aguas para que el acceso al agua esté garantizado sin poner en peligro la sostenibilidad económica de las empresas públicas. Solicitud que, a priori, esta siendo omitida por el gobierno central más entusiasmado en la privatización de nuestros ríos.

Finalmente, hemos pedido avanzar en la regulación del sector. En España existe un elevado número de administraciones públicas con competencias en materia de agua, pero se carece de un organismo regulador técnico independiente que aporte predictibilidad y estabilidad al sector. Otros países con estructuras de gobierno descentralizadas similares al caso español (por ejemplo, Australia, Canadá o México) han creado organismos reguladores específicos para el sector del agua. En España la Ley de Economía Sostenible reconoce expresamente que la competencia para crear organismos reguladores estatales en sectores económicos precisados de regulación.

Es un artículo de Luis Babiano (gerente de Aeopas) y Jaime Morell (secretario de Aeopas) para Blog del Agua

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