Crecen los movimientos ciudadanos locales para evitar la privatización del suministro de agua

Posted on 27 d'Agost de 2014 per

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Los cortes de agua por impago crecen un 30%

Partidos políticos, asociaciones ciudadanas y ecologistas exigen el fin de esta tendencia de muchos ayuntamientos que, para recaudar, deciden privatizar el servicio de agua de sus localidades. Por ello, estos movimientos reclaman también que no se pueda cortar completamente el suministro por impago. Estos cortes han crecido un 30%.

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Los ayuntamientos de toda España buscan fórmulas para no ahogarse con la crisis. Una de ellas ha sido la privatización del servicio de agua

“Estamos privatizándonos simplemente para tener dinero fresco”, explica Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento.

Una situación que, asegura, a la larga es peor. “La privatización encarece el agua, da peor acceso y problemas medioambientales”, señala Babiano.

Por esta razón, ciudadanos, plataformas y varios partidos políticos quieren que este servicio se quede en manos públicas. Buscan un pacto para que el agua se quede al margen de las leyes del mercado. Aseguran que la privatizaciónencarece de media un 25% la factura.

De esta forma, en diversas localidades están intentando dar marcha atrás a la privatización del suministro. La iniciativa empezó en Aragón, donde una veintena de entidades firmaron un pacto para dejar el agua fuera de las leyes del mercado.Con la crisis, estos movimientos han aumentado.

En Lucena, Córdoba, tras 25 años de gestión privada, lo han municipalizado y en sólo seis meses han conseguido 285.000 euros de beneficios que reinvertirán en el pueblo.

También en Torrecera, en Jerez de la Frontera, calculan que se ahorrarán hasta un 20% volviendo a hacer público el servicio.

“Hemos hecho nuestros propios estudios y hacer el servicio público hará que los vecinos paguen un 20% menos”, asegura Manuel Bertolet, alcalde de Torrecera.

Un ahorro considerable en un momento en el que los cortes de agua por impago se han disparado, creciendo hasta un 30%. Por ello, las organizaciones proponen que se garantice un mínimo de suministro apoyándose en una resolución de Naciones Unidas que declara el agua potable como un derecho esencial.

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