El Govern prologna los vertidos en la ‘montaña de sal’ del Cogulló hasta 2017

Posted on 6 d'Octubre de 2014 per

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La comisión territorial de urbanismo de la Catalunya Central aprobó el jueves una modificación del plan urbanístico de Sallent que permitirá en última instancia continuar los vertidos de residuos salinos sobre el vertedero de El Cogulló hasta el año 2017. El Govern ha hecho esta modificación del planeamiento para adecuarlo a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 2013, que declaró nula la anterior planificación. Fuentes jurídicas discrepan con la solución adoptada por el gobierno catalán e interpretan que la Generalitat no debería permitir nuevos vertidos. Iberpotash, que explota las minas, anunció tiempo atrás que preveía cerrar la mina de Sallent en el 2014 y cesar los vertidos.

La montaña de sal de El Cogulló ha comportado varios fallos judiciales que subrayan su ilegalidad: inadecuación urbanística, falta de declaración de impacto ambiental y ausencia de un plan de restauración. A estos fallos, el Govern debe dar respuesta, y en este sentido se inscribe el acuerdo de la comisión de urbanismo.

Como se sabe, el problema es que los desechos (procedentes de las minas de potasa del municipio) se acumulan en un vertedero al aire libre no impermeabilizado. El colector-interceptor, que debe transportar las salmueras, para no contaminar el Llobregat, es insuficiente, se rompe repetidamente y no hay presupuestos públicos para hacer una nueva tubería. Uno de los efectos es que el depósito, por efecto de la escorrentía de agua, ha contaminado pozos y reservas subterráneas en la comarca, y agrava la salinización del río Llobregat, según diversos estudios.

El nuevo planeamiento urbanístico establece que el vertedero se atendrá a una delimitación máxima de 47,57 hectáreas y descarta la opción de un nuevo depósito. El límite máximo de altura será de 538 metros respecto al nivel del mar, “menos de lo que preveía el proyecto original”. Ahora, la montaña alcanza los 505 metros. Se dibujan actuaciones en dos fases: en una primera, hasta el año 2017 o hasta que se alcance la altura máxima permitida, se permitirá el vertido de residuos salinos así como su retirada, para ser vendidos o eliminados. Y en una segunda fase se abordará la reducción de residuos y la restauración del vertedero, “que ha de estar en marcha a partir de junio de 2017”.

Los abogados consultados estiman que la nueva ordenación “no cumple la sentencia” ganada en su día por la asociación de vecinos del barrio de la Rampinya de Sallent (2013). En ese fallo, se indicaba que la ordenación urbanística “debe atender a la estabilización sin demora, para pasar a ser de reducción a la mayor brevedad sin que puedan producirse situaciones de agravación o de acentuación en los límites o control que se establezcan”. Los vecinos de la Rampinya habían pedido sólo la ejecución provisional del fallo a cambio de que no se permitieran nuevos vertidos. Sin embargo, el Govern alarga el plazo hasta el 2017 para hacer posible el traslado de la producción de la mina de Sallent a la de Súria, cuya ampliación no estará lista antes de dos años. La Generalitat debe decir, además, cómo se ejecuta la sentencia del Supremo que ratificaba el fallo favorable a Sebastià Estradé, en el que se exigía un plan de restauración. La UE ya ha recibido a respuesta de la Generalitat por el procedimiento de infracción abierto por posible incumplimiento de la legislación europea sobre residuos mineros.

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