La pobreza energética es el nuevo drama social tras los desahucios

Posted on 9 de Desembre de 2014 per

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Una nueva entidad social que lucha contra el corte de suministros atiende a 200 familias afectadas desde que se creó en enero

La patronal eléctrica asegura que las suspensiones de servicios están justificadas

La queja formal que la Generalitat ha presentado ante la UE para obligar al Gobierno español a aplicar las directivas en materia de pobreza energética deja patente que el problema está tomando una dimensión similar al de la lacra de los desahucios. En Catalunya 320.000 personas sufren restricciones en suministros básicos, una cifra que llega a siete millones en el conjunto de España, según los datos de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE). Esta organización social está formada por varias asociaciones y plataformas, entre las que destacan la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Catalunya (CONFAV), la Unión de Consumidores de Catalunya (UCC) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Desde que se creó, en enero pasado, ha atendido a cerca de 200 familias que no pueden pagar los suministros básicos, cuyo precio ha aumentado más de un 50% desde 2007, a la par que muchas familias han visto reducirse de manera drástica sus ingresos.

“Los cortes son indiscriminados”, denuncia el portavoz de la Alianza, Albert Pallàs, que explica que se llevan a cabo independientemente de si hay menores de edad, enfermos o personas mayores viviendo en el piso en que se efectúan. A pesar de que no existe ningún registro oficial, la organización estima que en España hay dos millones de cortes de suministros al año, una cifra que se desprende de los datos que aparecen en las memorias de las principales compañías suministradoras. “Nos consta que los cortes que se producen están motivados y en ningún caso son indiscriminados”, se defiende la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA). La patronal argumenta que la tarifa con la que comercializa el sector “soporta costes que no son propios del suministro de energía” –en alusión a las subvenciones a las energías renovables-, por lo que “si no se hubieran incluido, la tarifa no se habría encarecido”.

¿Qué ocurre cuando se dejan de pagar los recibos?
En cuanto al procedimiento que se aplica cuando un cliente incurre en impago, la patronal de las eléctricas explica que los plazos están estipulados por ley y que el corte de luz suele producirse transcurridos tres meses desde la fecha en que se dejó de abonar la primera factura. Pero si se trata de un consumidor que ha contratado el servicio en el mercado libre, “el procedimiento a seguir es el que hayan acordado las partes en el mencionado contrato”. Por su parte, la patronal del gas (Sedigas) ha declarado que cuando una empresa gasista suspende el servicio ante un impago, se aplica el decreto 1434/2002, que actualmente está en vías de modificación. En concreto, el decreto estipula que la empresa distribuidora podrá suspender el suministro cuando hayan transcurrido al menos dos meses desde que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago, sin que el mismo se hubiera hecho efectivo. Sedigas también manifiesta que el gas no se puede considerar “un servicio básico”, como la luz o el agua.

En este sentido, la Alianza denuncia la presión a la que algunas compañías someten a los clientes morosos. “Nos llegan familias que debiendo un recibo, sufren a diario el acoso telefónico de empresas de gestión de morosidad subcontratadas”, comentan. Tatiana Guerrero, una de las portavoces de la organización, pone como ejemplo el caso de Justa, que recibía llamadas telefónicas a altas horas de la madrugada. “Una noche su hijo, de tres años, descolgó el teléfono y al otro lado de la línea alguien le dijo: ‘O tu mamá me paga las facturas o te vamos a cortar los suministros”, relata.

La presión social contra los cortes de suministros
La APE utiliza las mismas herramientas que los activistas contra los desahucios. De manera periódica organiza asesoramientos colectivos que tienen lugar en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVV), situada en los bajos del número 6 de la calle Obradors de la capital catalana. Allí cada semana atiende de media una veintena de nuevos casos. Pero Pallàs explica que “la mejor arma de la APE es la denuncia de la situación ante las compañías y los gobiernos”. Una herramienta que, según el portavoz de la organización, les ha permitido obtener “pequeñas victorias”, como conseguir que las empresas suministradoras restituyan el servicio a algunas de las familias.

Otra de las reivindicaciones de la Alianza es que todo el mundo tenga acceso por ley a un servicio mínimo de suministros básicos, que las operadoras faciliten los datos de los cortes que efectúan por municipios y exigen una auditoría sobre los costes de la producción de energía. Por otra parte, consideran que las medidas gubernamentales que se han tomado al respecto son “insuficientes”. Un ejemplo es el nuevo bono social, que supone un descuento de un 25% en el recibo de la luz para los consumidores vulnerables. Pallàs considera que la norma estatal deja fuera gran parte de los afectados “porque pide unos requisitos muy estrictos”. Sin embargo, el bono social tampoco ha contentado al sector, ya que las principales empresas suministradoras la han recurrido ante la Audiencia Nacional.

Medidas contra la pobreza energética
Aparte del bono social aprobado por el Ejecutivo español, el Parlamento catalán aprobó el decreto contra la pobreza energética, recientemente suspendido por el Tribunal Constitucional al admitir a trámite el recurso presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La norma impedía el corte de suministros básicos a las familias más desfavorecidas durante los meses más fríos. “La tregua invernal ha provocado más endeudamiento” a las familias que se han acogido al decreto, solo 895, sostiene el portavoz de la Alianza. Como alternativa, el Gobierno catalán ha propuesto la creación de un fondo de capital público y privado destinado a cubrir los recibos de suministros a los que no puede hacer frente, un 10% de la población. “No hay suficiente información sobre quién lo gestionará ni quién lo pagará”, añade Pallàs.

Una parte del presupuesto de los ayuntamientos se destina a asumir los recibos de ciudadanos que demuestran que no pueden costearlos. El problema es que “no llega para todos los afectados”, explica Albert Pallàs. La entidad insta a las compañías a que asuman este coste con el fin de que los consistorios destinen esa partida a cubrir otras necesidades básicas. Una opinión que contrasta con la de las empresas de suministros, que consideran que las medidas sociales son responsabilidad de las administraciones. En este sentido la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) se muestra partidaria de que la financiación de los recibos impagados “se lleve a cabo sin afectar a otros consumidores, que es lo que ocurriría, declara, “si se pretende hacer con la propia factura eléctrica”.

La ayuda de los ayuntamientos
A pesar de los estragos que la crisis económica ha hecho sobre las arcas municipales, hay ayuntamientos que destinan partidas abiertas a este concepto. Es el caso del consistorio barcelonés que desde 2012 hasta septiembre de este año ha gastado 1.231.999 euros en cubrir recibos impagados en agua, luz y gas. Durante este año el ayuntamiento ha ofrecido 2.842 ayudas en concepto de pobreza energética. Fuentes consistoriales han asegurado que los vecinos que reciben este tipo de ayudas no tienen que cumplir “requisitos determinados”, sino que son los trabajadores sociales los que determinan si un ciudadano o familia debe recibir algún tipo de ayuda.

Pero a veces hay casos complejos en los que el consistorio barcelonés no costea los suministros básicos: cuando el inquilino de un piso no figura como titular de estos. Es lo que le ha ocurrido a Mina Safi, una vecina del Raval que vive de manera irregular en un piso de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Safi, de 64 años de edad, compartía el inmueble con otra persona, que era el beneficiario del piso de protección oficial y el titular de los servicios básicos del piso. Pero desde hace un año y ocho meses, cuando su compañero fue internado en una residencia y la familia dio de baja los suministros, Safi se alumbra con velas y coge el agua de una fuente cercana a su casa. Para comer acude a un comedor social. El ayuntamiento asegura que le ha ofrecido la posibilidad de realojarla en una pensión de manera indefinida, pero Safi se ha negado a aceptar esta opción. Mientras, la APE reclama que se le restituyan los suministros.

Por otro lado, el consistorio barcelonés ha llegado a acuerdos con algunas empresas suministradoras. Recientemente ha firmado un convenio con Gas Natural Fenosa, donde la compañía se compromete a facilitar al consistorio la forma de pago de las ayudas municipales para evitar cortes de luz sin aplicar ningún tipo de comisión ni interés de demora. Y, además, la empresa gasista no efectuará los cortes de electricidad ni gas a partir del momento en que reciba el aviso por parte de Servicios Sociales. Paralelamente, también ha aprobado un protocolo con Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para evitar cortes de suministros de agua a personas que no pueden costear las facturas y en caso que puedan beneficiarse de las tarifas sociales de AMB.

Además de las ayudas municipales, hay algunas organizaciones que también ofrecen líneas de financiación de recibos de suministros para aquellas familias con bajos ingresos. Este es el caso de Cáritas, que el año pasado destinó 114.343 euros a este concepto.

La última propuesta: suministros básicos sin IVA
Tras el varapalo legal que ha recibido el decreto catalán contra la pobreza energética, el Parlamento catalán ha acordado enviar al Congreso una reforma del IVA de los servicios básicos de agua, electricidad, gas y transporte. La iniciativa parlamentaria pretende rebajar los tipos de interés sobre el agua y el transporte del 10% al 4%, y en el caso de la electricidad y el gas, del 21% al 10%. El proyecto, promovido por Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), y avalado por todas las fuerzas parlamentarias a excepción del Partido Popular de Catalunya (PPC), pretende equiparar los impuestos sobre los servicios básicos a otros países de la Unión Europea, ya que solo Eslovenia, Portugal y Finlandia tienen un IVA superior al español. No hay que olvidar que el precio de los suministros básicos en España es un 30% superior a la media de la UE.

Font: La Vanguardia

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